El presidente de la comisión de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Salvador de la Encina, confirmó ayer que se ha ampliado al menos hasta el 16 de febrero el plazo de presentación de enmiendas parciales a la Modificación de la Ley 48/2003 de Regulación Económica y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General del Estado. El periodo finalizaba ayer, aunque se ha decidido ampliarlo a petición de los grupos nacionalistas para lograr el máximo apoyo parlamentario.

Será entonces cuando De la Encina convoque a los grupos de la comisión para constituir la ponencia y debatir las enmiendas que presentarán de manera conjunta el Partido Popular y el Partido Socialista, en virtud del acuerdo que permitirá crear un texto legal consensuado, más las que presenten el resto de los grupos.

"Será una Ley duradera, estable, jurídicamente más segura, que permitirá abaratar costes y dar más autonomía de gestión a cada puerto", declaró el diputado socialista, que explicó que aunque aún no están todas, son muchas las enmiendas presentadas que harán cambiar "bastantes puntos" en un texto que "desde el comienzo ha nacido desde el diálogo". En términos generales, explicó que habrá bastantes retoques en el capítulo de tasas y regulación financiera, para ofrecer más autonomía, y una nueva fórmula para satisfacer al sector de la estiba.

En este sentido, representantes del sindicato Coordinadora, con su coordinador general a la cabeza, Antolín Goya, se reunieron en Madrid en un encuentro con los portavoces del PSOE, Rafael Simancas, y del PP, Andrés Ayala. Un encuentro que, según De la Encina, se celebró en un clima de acuerdo. "Aún es pronto para explicar los avances porque están pendientes de debate, pero creo que todos hemos cedido y que los sectores implicados están satisfechos. Prueba de ello es el apoyo del 90% de la cámara", declaró el presidente de la comisión.

El pasado mes de octubre se conoció el acuerdo firmado entre PP y PSOE, que permitirá establecer un régimen especial de coeficientes reductores para potenciar la intermodalidad y tomar en consideración la situación de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y de los puertos sometidos a la competencia extracomunitaria y para las mercancías en tránsito, como es el caso del puerto de Algeciras.